miércoles, 24 de octubre de 2012

El asunto Dolores Vázquez - Wanninkhof y el derecho a indemnización por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia


(Artículo publicado en diariojurídico.com, el 29/10/2012)

Ayer, día 23 de octubre de 2012, conocimos la noticia: la Audiencia Nacional ha emitido sentencia desestimatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto en nombre de Dolores Vázquez contra el Ministerio de la Presidencia del Gobierno, en calidad de demandado. En dicho recurso, Dolores Vázquez solicitaba  recibir la cuantía de 4 millones de euros en concepto de indemnización por los daños sufridos al haber pasado 17 meses y un día en prisión preventiva por la comisión de un delito de asesinato, del que posteriormente fue reconocida inocente.

El texto íntegro de la sentencia se puede consultar en este enlace (con nuestro agradecimiento al gestor documental del Diario ABC).

Como afirma la propia sentencia desestimatoria, “se produjo una gran repercusión mediática y social tanto de la detención, como del ingreso en prisión de la recurrente así como del juicio oral”. Se trata de uno de tantos terribles casos en que se apunta a la culpabilidad de un ciudadano, culpable o no, antes de que exista sentencia definitiva, y aun olvidando que en un proceso puede haber errores, tanto en la fase de instrucción como en la fase de juicio.

Recordamos que Dolores Vázquez fue acusada de un asesinato, el de la joven Rocío Wanninkhof,  ocurrido en octubre de 1999 en Mijas (Málaga, España); Dolores fue declarada culpable por un jurado popular, tras un proceso enormemente mediático en que se señaló a la afectada como culpable antes de ser juzgada con todas las garantías legales que asisten al procesado en nuestro país. Por Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, Tribunal del Jurado, de fecha 25 de septiembre de 2001, Dolores Vázquez fue condenada como autora de un delito de asesinato a la pena de quince años y un día de prisión, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de duración de la pena y al pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular, así como a indemnizar a los herederos de Rocío Wanninkhof en 18 millones de pesetas. Dolores fue puesta en libertad y rechazada la pretensión de la acusación particular, al aparecer en la investigación judicial de otro asesinato, el de la joven Sonia Carabantes, pruebas que apuntaban a otro individuo como responsable de ambos crímenes.

La afectada interpuso el recurso 649/2010, ahora desestimado, contra la Orden de 9 de junio de 2010 del Ministerio de la Presidencia del Gobierno, por la que se resuelve su reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración como consecuencia del funcionamiento de la Administración de Justicia y de los servicios dependientes del Ministerio del Interior. La afectada solicitó una indemnización de 4 millones de euros más los intereses legales desde la reclamación inicial: 51.600 euros por los diecisiete meses y un día en que la actora estuvo en prisión preventiva, que incluye la suma de 37.798 euros por los salarios dejados de percibir. El resto de indemnización hasta completar los cuatro millones de euros se solicitó en concepto de daños morales, muy difícilmente reparables según informe psicológico aportado por la demandante, por haber sido acusada públicamente durante cinco años de cometer un asesinato atroz.

La Constitución Española, dentro del principio general de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de los servicios públicos, recoge específicamente en el artículo 121 la responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de la Administración de Justicia, reconociendo el derecho del afectado a ser indemnizado en los daños causados por error judicial o consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.

En ejercicio de tal derecho, Dolores Vázquez recurre la Orden Ministerial que deniega su pretensión de indemnización y alega que son de aplicación al caso los artículos 292 a 297 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, referentes a la responsabilidad patrimonial del Estado por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, especialmente el artículo 294, aludiendo a las Sentencias del Tribunal Supremo de 19 de junio de 1990 y de 29 de mayo de 1999, pues es suficiente a estos efectos el Auto de 20 de enero de 2005, de decreto de sobreseimiento provisional de la causa contra Dolores Vázquez.

El referido artículo 294 dispone que tienen derecho a indemnización, por error judicial y funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, 

(1) “quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hayan irrogado perjuicios.

2. La cuantía de la indemnización se fijará en función de tiempo de privación de libertad y de las consecuencias personales y familiares que se hayan producido.

3. La petición indemnizatoria se tramitará de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo anterior".

En palabras comúnmente utilizadas: todos podemos preguntarnos, siendo la interesada inocente y perjudicada, ¿por qué deniega la Audiencia Nacional la pretensión de indemnización de Dolores Vázquez? ¿Es acaso una cuantía excesiva? ¿Hubo error procesal o en forma y plazos de presentación del recurso? Ciertamente no. Como indica la Sentencia desestimatoria, la Audiencia Nacional adopta la interpretación estricta que introduce el Tribunal Supremo sobre el tenor del artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, invocado y aplicable al caso. Según jurisprudencia posterior a los hechos, se impone la interpretación estricta del artículo, que requiere una inexistencia objetiva del hecho imputado, esto es, que para ser sujeto con derecho a indemnización tras una prisión preventiva por un delito no cometido, se debe demostrar que el hecho delictivo no ha sucedido realmente. En resumen, y como el hecho delictivo, la muerte de Rocío Wanninkhof, sí ha sucedido realmente, la recurrente “no ha hecho valer el error judicial”, no cumple el requisito de sobreseimiento libre y definitivo (es provisional), y la indemnización por razón del artículo 294 no procede; todo ello según la nueva interpretación restrictiva del Tribunal Supremo, en dos sentencias de 23 de noviembre de 2010, a raíz de la sentencia del TEDH de 25 de abril de 2006 (Asunto Puig Panella contra España) y, sobre todo, la de 13 de julio de 2010 (Asunto Tendam c. España). Sin embargo, como expresa el voto particular de dos de los miembros de la sala de la Audiencia, debería haberse admitido la pretensión indemnizatoria de la recurrente, ya que "tras declarar el TEDH que una determinada interpretación -finalista y no literal- de un precepto por parte de los órganos administrativos y judiciales españoles vulnera el derecho de presunción de inocencia del articulo 6.2 del Convenio, nuestros Tribunales internos ( primero el Supremo y después esta Audiencia Nacional), en lugar de ampliar aquella interpretación finalista de la norma, como hubiera resultado más lógico y garantista, ha seguido justamente la línea contraria en detrimento del obligado favor libertatis".

¿Puede aplicarse a un caso un criterio jurisprudencial posterior a los hechos y no favorable al afectado? 

Esta interpretación jurisprudencial restrictiva se puede entender de facto perjudicial para la recurrente, Dolores Vázquez, ya que no sólo se sigue la jurisprudencia previa del Tribunal Supremo más favorable a la afectada, sino que también ha sido generada por el Tribunal Supremo posteriormente a las fechas en que se juzgó y emitió el auto de sobreseimiento de la causa contra la recurrente. Sin duda es un asunto gravísimo, y la interpretación dada por la Audiencia Nacional se fundamenta en un cambio jurisprudencial agravatorio posterior a las fechas de comisión del hecho delictivo y aun de la puesta en libertad de la afectada, que suma un nuevo perjuicio a esa cierta cantidad de inevitable inseguridad del ciudadano ante posibles errores procesales.


En reiteradas sentencias el Tribunal Supremo se ha pronunciado en pro de la retroactividad de las disposiciones aclaratorias. ¿Podemos asimilar el concepto de disposición aclaratoria al de criterio jurisprudencial? En otros países de tradición jurídica continental, como Alemania, se ha asimilado el régimen de retroactividad del criterio jurisprudencial al de las leyes. Sin embargo en España no hay un acuerdo unánime de la jurisprudencia ni de la doctrina española sobre el tratamiento de la retroactividad del criterio jurisprudencial. Desde mi punto de vista, el principio de seguridad jurídica debe primar sobre un cambio de jurisprudencia sobrevenido, aplicándose una regla de no retroactividad en todo caso en que el cambio de criterio sobre la interpretación de la norma aplicable perjudique los intereses legítimos del interesado que actuó amparándose en el sistema de legalidad y jurisprudencia anteriores.

¿Qué puede hacer la afectada contra esta sentencia desestimatoria? Cabe esperar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, para lo que la afectada tiene un plazo de diez días; de ello, en su caso, permaneceremos pendientes.


Por último, y en relación con el análisis del caso desde un enfoque socio-jurídico, a la mano que escribe este breve texto permitan expresar humildemente la esperanza de que todos, no solo los ciudadanos, sino también y fundamentalmente medios de comunicación y profesionales del Derecho, reconozcamos nuestra responsabilidad sobre los juicios y acusaciones que emitimos sobre los casos, aun juzgados y sentenciados, por muy claros que parezcan. No hay pena peor que la sufrida por un inocente, pues aun cuando se indemnizara económicamente y se reconociera públicamente el error, es imposible eliminar el perjuicio a su imagen y persona y restituirlo a su situación anterior.

María Teresa Nevado

(Imagen "Old Bailey 1" compartida por Khaliko).

martes, 10 de julio de 2012

Ha nacido la revista DICID - Revue Droit International, Commerce, Innovations & Développement - de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Université de Bourgogne, en la que tengo el honor de ser miembro de su Comité de Lectura. Asimismo, en el primer número de la revista participo con un breve artículo: "Reflexión sobre la actualidad de la declaración electrónica en el proceso penal español - especial consideración del proceso con menores". 

Aquí podéis encontrar el link a la edición online, con mi agradecimiento al director del número, D. Carlos Hecker, y al resto de directores de departamento y responsables de DICID; CREDIMI y CREDESPO en la Universidad de Bourgogne. 

Espero que su lectura sea de vuestro interés y agrado.

sábado, 30 de julio de 2011

Hammurabi y la industria del entretenimiento: renovarse o morir (II)

En la estela del famoso código mesopotámico, el dios de la Justicia, Shamash, entrega el Derecho al rey Hammurabi, mero intermediario, para que lo publique. En nuestros días, Hammurabi, el mero intermediario, es el Estado, y Shamash es el propio pueblo, como reconoce la Constitución Española:

Art. 1.2: La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado .

Por ello, actitudes políticas y empresariales que traten de lograr que el Derecho criminalice al ciudadano y a los intermediarios en el flujo de comunicación de la obra (ejemplo, webmasters de páginas de enlaces a descargas no consentidas por el autor) o hacerle creer que realiza un ilícito, porque simplemente ya no tiene interés por un modelo determinado de comercio, no son solamente absurdas (hoy, como en 1800 a.C., el ciudadano tiene acceso al texto de la norma), sino que son sencillamente anticonstitucionales, antisociales e ilegítimas. El Derecho no es legítimo si su espíritu o su resultado es favorecer a una minoría perjudicando los intereses de la mayoría de los ciudadanos. El Derecho debe encontrar soluciones para facilitar la consecución de los intereses de los ciudadanos, no corregir esos intereses y cambiarlos por otros, decididos por una minoría o por el Gobierno -o en el peor de los casos, por gobiernos extranjeros.

Indudablemente, que el modelo de comportamiento del usuario ante el acceso al entretenimiento ha cambiado, a raíz del desarrollo de la tecnología y las nuevas formas de acceso, distribución y/o puesta a disposición de las obras, no significa que el esfuerzo creativo no tenga un valor y no merezca retribución. Permanece vigente en términos económicos, y espero que por mucho tiempo, el aforismo “no hay desayunos gratis”, y todo producto o servicio que beneficie a otro merece su compensación económica. Pero atención, "económico" no equivale a "monetario". En este sentido, hoy en día, sabemos que la realidad de la sociedad se desarrolla y sucede en gran medida en Internet, donde la clave comercial no es ya únicamente el precio (base de la industria del entretenimiento obsoleta) sino fundamentalmente el valor. Es decir, se refuerza la monetización de insumos que no tienen por qué ser en todo caso dinero. Buscar una palabra en Google no requiere el pago de un precio al buscador por parte del usuario, pero sí un pago con otro valor: su atención, su tiempo, su acción de buscar y generar tráfico. No cuesta al usuario un precio registrarse en Facebook y utilizar sus servicios, pero sí cuesta algo, un insumo, que tiene valor en sí mismo, y se utiliza como materia prima en el proceso productivo de la empresa: tiempo, atención, contenidos, flujo de información, atracción de nuevos usuarios...

En Internet conviven ambos modelos: el monetario y el de la atención. El usuario administra estos dos bienes escasos de su patrimonio, dinero y atención-tiempo, y los invierte en unos u otros productos o servicios de su interés. Los beneficios de la industria en el ámbito digital no sólo son mayores, sino que además crecen exponencialmente y sin requerir la inversión de las sumas que la “industria física” necesita para aumentar su capacidad. La innovación y crecimiento digitales son mucho más baratos. En algunos casos gratuitos, como el del uso de software libre que sea de uso gratuito, desarrollado por individuos o entidades en beneficio de todo el que lo quiera usar. Y el beneficio para el ciudadano, en cuanto a acceso al conocimiento y desarrollo común, es innegable.

Sin embargo, elementos influyentes de la industria del entretenimiento a nivel mundial se empeñan aún en mantenerla encallada en un modelo que ya no funciona.

La solución para esta industria: algo que ya están haciendo con éxito no pocos creadores, artistas y empresarios, el análisis sobre los nuevos intereses del público, sobre los nuevos factores y condiciones internas y externas, y sobre el comportamiento de otros agentes que han tenido éxito en el mundo digital; casos claros: Google, Facebook, y otros prestadores de servicios, que han detectado temprano y ejemplarmente las nuevas formas de ofrecer servicios y recibir su legítimo beneficio. Introducir en la empresa expertos que analicen y busquen la forma de encontrar ese valor puede requerir una inversión económica fuerte, pero que los beneficios generados por la innovación son, sin duda alguna, muy superiores, es algo demostrado hoy y a lo largo de los siglos.

Teresa Nevado

(Imagen: estela del Código de Hammurabi-detalle-; Musée du Louvre; Wikimedia Commons).

Hammurabi, P2P, canon y Sinde: renovarse o morir (I)

En la Babilonia del siglo XVIII a.C., el rey Hammurabi, llevado por el sentido religioso, y muy probablemente para conseguir la unificación de sus territorios bajo una misma organización y sistema jurídico, homogeneizando criterios de resolución de controversias, ordena plasmar en un bloque de basalto un código que recoja las normas sumerias vigentes en aquel momento, y realizar copias del mismo para disponerlas en público por todo el territorio. (Una de esas copias, en diorita negra, puede ser observada hoy en el Museo del Louvre).

Las normas quedan así publicadas, "por mandato divino", para que todos los sujetos obligados puedan conocer la norma y la consecuencia de su incumplimiento, y plasmadas en piedra, para que ni el mismo rey las pueda modificar sin conocimiento de sus súbditos. Y lo que es aún más llamativo: en un código publicado hace casi 4000 años, las normas distinguen entre las distintas clases sociales y económicas, a la hora de imponer una pena u otra. Es decir, el Derecho de la Mesopotamia de hace treinta y ocho siglos reconoce que en la práctica, las diferencias sociales impedían a unos acceder a una defensa apropiada, y favorecían a otros quedar impunes o injustamente juzgados. Así, por ejemplo, ordenan las leyes 251 y 252:

251.- Si el buey de un hombre (…) ataca con los cuernos a un hombre hijo de hombre libre y lo mata, dará media mina de plata.

252.- Si es un esclavo de hombre libre, pagará un tercio de mina de plata.

Por tanto, el Derecho no se atrevía a configurar la realidad, sino que, desde el conocimiento de la realidad, se limitaba a corregir las situaciones dañinas para los súbditos (lo que es su función propia) teniendo en cuenta la existencia de diferencias sociales y económicas que pueden dificultar el fin del Derecho, la realización de la Justicia, y que pueden modular la aplicación del castigo de una forma no querida ni recogida en la norma. (Esta sería, por cierto, la fundamentación básica, desde su origen, del derecho a la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio).

Sin embargo, el sentido de corrección de los comportamientos dañinos, que resulta fundamental desde hace 4000 años, parece haberse olvidado en nuestros días en no pocos casos, produciéndose un retroceso en lo que debería haber sido un desarrollo del Derecho. Un ejemplo bastante claro en que esto se produce es el relativo a la defensa de los derechos de propiedad intelectual en nuestra normativa, en relación con la irrupción de la realidad digital y de Internet en el flujo típico de comunicación y disfrute de la obra. La respuesta que dicha normativa da a la nueva realidad de la industria del entretenimiento resulta insuficiente e inadecuada en casos como el de la compartición de archivos en Internet mediante plataformas P2P, y la aplicación del mecanismo de compensación equitativa por copia privada (conocido popularmente, en una suerte de sinécdoque poco deseable, como “canon digital”). Tampoco fomenta decididamente las inconmensurables posibilidades que las licencias libres abren a la cultura y al desarrollo del conocimiento en nuestra sociedad. Aún más: esta normativa insuficiente es empeorada por normas como la famosa Disposición Final 43ª de la Ley de Economía Sostenible, conocida por el público como “Ley Sinde”, que trata de insuflar aire a un modelo momificado y abandonado por la demanda. Se quiere allanar un camino polvoriento, y se allana mal, para que los viandantes lo elijan abandonando la autopista. Absurdo y anacrónico.

La Ley ha quedado obsoleta en cuanto a estos casos, porque fue elaborada y aprobada para dar respuesta a una realidad anterior, la de la industria cultural sobre el control de soportes físicos transmitidos mediante traditio, mediante la entrega física del ejemplar. Hoy la mayor parte del flujo cultural entre autor y receptor está formado por obras en en formato digital: este formato deja atrás la realidad de la transmisión física, para la que está diseñada la actual Ley de Propiedad Intelectual y en que consistía el anterior modelo de industria del entretenimiento: el formato digital no consiste en un ejemplar que se transmite del emisor al receptor de la obra, sino en dos ejemplares que quedan en manos de ambos sujetos. No toda la industria ha detectado este cambio de interés en el público, y por tanto, no han reaccionado en consecuencia.

Afortunadamente, no son pocas las resoluciones judiciales que han tenido y siguen teniendo cada vez más en cuenta esta realidad. Sin embargo, a pesar de esto, y de algunas modificaciones realizadas sobre el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, se hace necesario que dicha Ley (la piedra de basalto y sus reproducciones en diorita, el texto inamovible) recoja la nueva realidad de la sociedad. La función propia del Derecho no es corregir a los ciudadanos en el desarrollo de su vida social y cultural; la sociedad no se equivoca, los ciudadanos eligen año tras año sus intereses y su forma de gestionar cada tipo de relación, y la Ley no es sino la herramienta mediante la que la propia sociedad decide que se dé respuesta a la realidad del momento para evitar conflictos y proteger los intereses de todos.

Teresa Nevado

(Imagen: Código de Hammurabi, Museo del Louvre; fuente: Wikimedia Commons).

lunes, 20 de junio de 2011

gTLD: registro de marcas y nombres como dominio



La ICANN (International Corporation for Assigned Names and Numbers) ha aprobado hoy, 20 de junio de 2011, en Singapur la ampliación de los dominios de primer nivel o top-level domains, en un incremento exponencial: casi cualquier nombre o marca en cualquier idioma del mundo podrá ser registrado como dominio de primer nivel, además de las actuales extensiones .com, .org, .es, .net, etc.

Cuando el perfeccionamiento del Sistema de Nombres de Dominio parecía entrar en un periodo de recesión, la decisión del organismo privado con poder internacional en el tema, la ICANN, da un nuevo giro de tuerca a la realidad del comercio y la comunicación, que se prevé altamente beneficioso para el negocio en la Red y para la seguridad de empresa y usuarios.


En un encuentro especial en Singapur, y tras años de deliberación y debate con gobiernos, grupos empresariales y otros agentes de Internet, la ICANN ha aprobado el programa de ampliación de gTLD (generic top-level domains, o dominios genéricos de primer nivel), que comporta un cambio a nivel mundial en el Sistema de Nombres de Dominio, multiplicando el beneficio y las posibilidades de negocio y de mejora de imagen de marca, así como el incremento del atractivo de la web: .free, .green, .phone, .music, .play o .gay son algunos de los miles de extensiones de dominio que a partir del próximo invierno poblarán la Red. De los actuales 22 dominios de primer nivel (.edu, .org, .net, .com, etc.) y 250 geográficos (.eu., .es., us, .fr…), el número de dominios aumenta ahora a casi cualquier nombre o marca en cualquier idioma, siguiendo las normas específicas de ICANN para reconocer legitimidades y prioridades y otorgar los dominios. Por ejemplo, para registrar .madrid tendría preferencia la capital de Estado sobre otras ciudades homónimas, y un tercero sólo podría registrarlo con autorización del Ayuntamiento del municipio.


El Presidente y CEO de ICANN, Rod Beckstrom, ha afirmado la esperanza de la organización de que esta decisión permita al Sistema de Nombres de Dominio servir mejor a toda la humanidad”. ICANN anuncia que pronto se iniciará una campaña global para dar a conocer este “dramático cambio en los nombres de Internet”, como afirman miembros del propio organismo, así como para hacer notar las posibilidades comerciales que se abren con él.
El periodo hábil para la presentación de solicitudes de registro ante ICANN se abrirá el próximo 12 de enero de 2012 y durará únicamente hasta el 12 de abril del mismo año. El elevado coste de registro, seguramente sobre los 185.000 euros, sin duda constituye un filtro de seguridad y protección ante registradores sin legitimidad.


Con la nueva decisión no sólo cambia la forma de buscar información en Internet: la forma de planificar la presencia online de un negocio u organización adquiere un nuevo Leitmotiv, cuyos efectos fundamentales serán sin duda: la mejora del posicionamiento y la involucración decidida de una empresa en su marca online, hasta la generación de nuevos mercados y nichos de mercado cohesionados por el nombre elegido para el dominio, el comercio con estos nuevos nombres (excepto aquellos de alta seguridad, como .banco, que estarán excluidos del comercio de dominios), el incremento de la seguridad del sitio web (al facilitar el control de accesos al mismo por parte de la empresa u organización) y las nuevas situaciones mercantiles y jurídicas a que dará lugar esta revolución del panorama de las URL en Internet.

María Teresa Nevado

Fuente: http://www.icann.org/


(Holding a dot com III: imagen compartida por AnnaOMline)