España, Twitter y la "spanish revolution"

Inevitablemente, esta semana en España más de uno nos hemos acordado de Lampedusa. ¿No te das cuenta, tío? Para que nada cambie, es preciso que cambie todo. Con estas sencillas palabras, el sobrino de Don Fabrizio Salina, Tancredi Falconeri, expresa el porqué de todo “El Gatopardo”. En la novela, el propio Príncipe de Salina, desilusionado y cansado de contemplar los excesos y ambiciones del poder, es quien piensa estas palabras. En el largometraje de Visconti, el genio del director se une al del escritor para mejorar aún su creación. Tancredi (llamado incomprensiblemente "Alfonso" en el primer doblaje en español), el joven impetuoso y sin embargo egoista, que no quiere que desaparezcan las prebendas y beneficios políticos de la clase a la que pertenece, lucha con el pueblo en los primeros tiempos del risorgimento italiano, la revolución del XIX, para que esas prebendas sigan en manos de las antiguas familias. En aquel tiempo, en toda Europa, la nueva aristocracia deja de ser la nobiliaria y pasa a ser la del dinero, hasta nuestros días.

Esta semana, los medios extranjeros, como el Washington Post, y demasiados comunicadores en España, se empeñan en hablar de “spanish revolution”, asimilando la demanda de democracia real, empleo e igualdad económica de los congregados en plazas de nuestro país con los movimientos de cambio de sistema y de derrocamiento de tiranos de la “primavera árabe”. Personalmente rechazo esa expresión, mientras no exista un auténtico cambio de sistema político. No por usar un epíteto sin cesar se hace real -“Cantádmela otra vez, y tantas veces, a ver si a fuerza de cantar a coro…”, escribió Gerardo Diego en su poema "Tuya"-.

Muy lejos de ello, sin embargo, las quejas y la desilusión de la población han salido a la calle, se han hecho oir, como nunca, y se han extendido y congregado gracias, fundamentalmente, a Internet y a las redes sociales. Si en marzo de 2005 el uso de los mensajes de texto dio un innegable impulso al resultado de las elecciones generales, en mayo de 2011 está siendo Twitter, con un poder inmensamente mayor que el sms, el principal foro de confluencia de la opinión del ciudadano. ¿Habrá una auténtica revolución, cambiarán normas, sistema electoral, reglas del juego político? ¿O será, como en la Italia del XIX, un cambio en el caparazón y no en el esqueleto, en que el poder continúe en manos de los de siempre?

En cualquier caso, el poder, hoy más que nunca, está siendo seducido por la red. Los medios y las instituciones reaccionando tarde, como partidos y algunas empresas que tratan de beneficiarse del momento, no ensombrecen la idea principal: resulte lo que resulte, los ciudadanos han decidido expresar sus quejas de la manera más eficaz posible: sin descanso. La primera manera: el ejercicio del voto, este domingo en las urnas.

María Teresa Nevado

(Fotografía publicada por Agencia EFE)

Apuesta por la fibra óptica

No te voy a aburrir con cosas que ya sabes sobre la fibra óptica.

No te haré perder tiempo en recordar que la fibra óptica es un verdadero regalo de la ciencia y la tecnología; que el cobre es un buen transmisor de electricidad, de información, pero toda la información de los usuarios recorre, troceada, mezclada y alterna, el mismo cable hasta la central más cercana; y que la luz es mucho más veloz, ¡300.000 km/segundo!, y cada color de su espectro constituye un canal de información diferente para cada usuario, pequeños “mini-cables” por un mismo “cable”, multiplicando su capacidad, fiabilidad y posibilidades. Si es que a un delgadísimo pelito de vidrio se le puede llamar cable. Y que caben miles de esos pelitos, decenas de miles de conexiones, en el espacio que ahora ocupan los cables de cobre. Por cierto, el cobre del mundo se agota (bien lo saben los ladrones de cables de nuestras ciudades).

No nos detendremos a comentar el tremendo beneficio que la fibra óptica significa, ni de la absoluta necesidad del despliegue de redes de fibra para el desarrollo de las telecomunicaciones y de la economía en España, del tránsito de la información a máxima calidad, velocidad y capacidad, de las comunicaciones incluso en 3D, de la seguridad y eficacia del almacenamiento en la nube y el acceso en tiempo real a todo tipo de contenidos, desde webs y música a cine y videojuegos y partidas en WAN con alta calidad gráfica y sin riesgo de desconexión, prácticamente sin necesidad de almacenamiento en local, y tantos otros nuevos servicios, productos y utilidades, y por tanto del beneficio y bienestar de nuestra sociedad.

Tampoco nos demoraremos en analizar el magnífico estudio “A World of Fiber”, de Benoît Felten, que refleja la realidad internacional de las conexiones y el desmoralizante y gravísimo estancamiento en despliegue de fibra óptica que sufre España; tampoco abundaremos en la certeza de que, como nos anuncia la CMT en su informe de estadísticas del último trimestre de 2010, al comenzar 2011 hay más de 10 millones de conexiones de banda ancha fija, y sólo 38.000 de ellas son de fibra óptica (FTTH, “fiber to the home”). Ya sabemos que la inmensa mayoría de usuarios españoles se conectan por cobre, no por haces de luz, de capacidad, de velocidad. No se trata de bajar contenidos un segundo más rápido. El asunto es alarmante porque no podremos acceder a las utilidades y servicios que mejoran la calidad de vida y los procesos de intercambio de información. La sociedad ya es un puro y continuo intercambio de información, y en España ese intercambio es más lento que en otros países occidentales. En otras palabras: España envejece y se queda atrás.

38.000 conexiones de fibra óptica están bien, son muchos usuarios, sí… Pero son un residual 0’38 por ciento del total de conexiones a Internet en España. Cuatro de cada mil usuarios en España acceden a Internet con la velocidad y capacidad adecuada a nuestra época. Si llenamos el aforo del estadio Santiago Bernabeu únicamente con personas que usan Internet (no sería complicado), de las más de 80000 personas sólo unos 320 serían usuarios de fibra óptica. Por cierto, nunca he estado en el Santiago Bernabeu (aunque me gustaría), pero he buscado el aforo en el sitio web del Real Madrid, http://www.realmadrid.com/. ¡Eh!, ¡no pinches en el link, que aún no te he contado nada! Luego lo miras, ¿de acuerdo? ¡Gracias!

Pasaremos por alto el análisis sobre los motivos por los que los operadores, excepto algunos como Movistar (Telefónica de España, S.A.U.) o las intenciones de France Telecom, no se lanzan con decisión a la inversión en fibra, ni por qué la Administración (con excepciones como el Ayuntamiento de Majadahonda) no hace "algo más". La tremenda e intensa labor de la CMT en pos de la implantación de fibra óptica en todo el territorio nacional no resulta suficiente, ya que la fibra, beneficio para todos, debe ser deseada y lograda por todos, cada uno desde su papel: usuarios particulares y empresas, inversores, operadores, organismos públicos locales, autonómicos y estatales. La principal excusa es que “es caro” y que la navegación a tales velocidades, a 100 MB, “no es aún necesaria” para acceder a los servicios y productos actuales, no hay demanda. Es lo mismo que algunos, digamos, “carcamales mentales” (todo el que no se zambulle en la innovación lo es) decían cuando nació el automóvil. Nos va bien con la cachava, no necesitamos artilugios modernos. El combustible es costoso, y no hay necesidad general de tanta velocidad, porque no hay actividades o servicios que la requieran… No los hay porque, como sucedió con el automóvil en sus primeros tiempos, el hecho de que esa velocidad sea residual, disfrutada por unos pocos, desincentiva el desarrollo de servicios y productos que la requieran. La demanda y el consumo son el pie que pisa el acelerador del desarrollo tecnológico. Cuando la demanda de los productos que veamos triunfar en otros países sea masiva, y gracias a Internet los conocemos de inmediato, las redes españolas no serán capaces de satisfacer esa demanda. Y las capacidades de beneficio social y empresarial permanecerán estancadas hasta que la red se prepare y adecúe, en un proceso de años.

España, un país a la cabeza en la investigación científica y tecnológica internacional, rico en capital tecnológico (entendido como bien intangible, como capital intelectual), se está quedando atrás, llega tarde a la aplicación real de su capital tecnológico por la falta de inversión, de decisión y de información. Y lo peor de todo es que el mundo lo sabe, menos los españoles.

Siento el brevísimo post, que no entra a analizar el tema (otro día escribiré uno más extenso); es que todo esto ya lo sabemos. Ya conocemos las palabras. Pero se necesitan decisiones y acción: sólo quiero proponer que, ya que la publicidad mueve montañas y voluntades, como en un slogan de productos para mejorar la forma física, agarremos de las solapas a los usuarios, inversores, operadores y Administración y, sin arrugarles las chaquetas, muy suavemente, les digamos:

apuesta por la fibra… óptica.

("Train approaching at speed", imagen compartida por Sura Nualpradid).

Ensayando la oligarquía

El Gobierno ha remitido el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible al Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial y otros órganos consultivos, para que se pronuncien sobre su contenido, paso previo al envío a las Cortes del texto definitivo propuesto por el Gobierno como proyecto de ley. Si se produjeran modificaciones en este periodo previo a la remisión a las Cortes, serían básicamente en función de los informes de los órganos consultivos; no es de esperar que la opinión ciudadana, que hasta ahora ha sido prácticamente ignorada, vaya a constituir ahora un insumo en la producción de ese proyecto de ley. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado ayer que el Gobierno busca con estas medidas "armonizar derechos en la Red, sin vacíos legales y sin indecisiones. Creemos que el modelo decidido y que empieza ahora a tramitarse establece todas las garantías". Y yo me atrevo a afirmar que en la Red no existen vacíos legales. Nuestro sistema jurídico es adecuado y de tal complejidad y perfección que es aplicable a cualquier situación jurídica en que pueda incurrir la actividad humana, social, cultural o comercial en España. Otra cosa es que el actual ordenamiento, las respuestas que da a cada caso, no sean satisfactorios para ciertos grupos que piden "más protección" de sus intereses. Y es que la inmensa mayoría de sentencias sobre descarga de contenidos sin permiso del proveedor o autor deniegan la pretensión de las entidades de gestión reconocidas en España a nivel nacional.

En la misma rueda de prensa, el Ministro de Justicia, Francisco Caamaño, afirmó que el anteproyecto alberga un nuevo artículo, el 122, para la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En él se le dice al juez que tiene un plazo máximo de cuatro días para resolver si procede el cierre de páginas web que afectan a la propiedad intelectual. Subrayó Caamaño que "con la Ley de Economía Sostenible se ha introducido un procedimiento ágil, eficaz y sobre todo con las máximas garantías para los derechos que puedan estar en conflicto, por un lado el derecho de propiedad intelectual, que es un derecho fundamental, y por otro los derechos fundamentales a la libertad de expresión y a la información". He transcrito las palabras exactas que pronunció Caamaño, ya que en la web de RTVE olvidaron transcribir, permitiéndose corregir a un Ministro, únicamente la inconveniente frase "que es un derecho fundamental". Aquí está el vídeo de la intervención de Caamaño. Recuerdo que estas palabras las ha pronunciado en público y a los medios un Ministro de Justicia.

Pues bien, todos sabemos que el derecho de propiedad intelectual NO es un derecho fundamental, y sí lo son la libertad de expresión y el derecho a la información. En la pugna entre esos dos tipos de derechos prevalece siempre el derecho fundamental. El Gobierno pretende que se ignore esta regla de nuestro ordenamiento jurídico para hacer prevalecer un derecho personal común por encima de derechos fundamentales, y para ello quiere que las Cortes aprueben una Ley que reforma el procedimiento contencioso-administrativo para obligar a los jueces a decidir en el "ágil" y brevísimo lapso de cuatro días si se clausura una web. Esa agilidad puede traer beneficio a la sociedad al acabar con rapidez con una situación ilícita; pero asimismo, si en el caso concreto se demuestra que no hubo tal ilícito, provocará que en el periodo de tiempo entre la clausura de una web y su reapertura por una revisión judicial, o simplemente su reorganización, en otra ubicación y bajo otro nombre, pase el tiempo suficiente como para perjudicar a esa publicación digital, principalmente por pérdida de credibilidad y seguidores, y a los ciudadanos que se verán privados de su derecho a acceder a una información, publicación, opiniones y otros contenidos distribuidos lícitamente. Aunque en este específico caso, quizá la "pena de banquillo" que los inocentes procesados sufran, puede ser que sea pena más bien para sus perseguidores. La injusticia nunca tuvo buena prensa, e Internet es un ámbito en que los ciudadanos, cada vez en mayor número, estamos más implicados, activos y despiertos que casi en ningún otro; no se puede evitar que el ciudadano forme su opinión y defienda sus necesidades, intereses o gustos en un plano que le interesa y le toca tan de cerca como el de la Web.

Un procedimiento ágil y eficaz, desde luego. Ágil y eficazmente se puede perjudicar a una publicación demandada, pero no a un demandante. Eso no constituye en absoluto una garantía para el ciudadano, sino más bien una amenaza implícita y un posible peligro provocado por el propio Derecho. En cuanto a las "máximas garantías" que el Ministro afirmó que genera, no hace falta que las cree ninguna Ley ni Ley Orgánica ya que existen hoy por hoy en nuestro Derecho; esperemos que éstas se observen y se cumplan.

Las leyes no deberían aprobarse jamás para primar un derecho individual común frente a un derecho fundamental, ni favorecer para a una minoría cuyos intereses no se ven suficientemente colmados por un Derecho que protege a la mayoría. La mayoría no debe ser tratada por el Estado como el campo de cosecha de una minoría, una oligarquía, sino como los verdaderos protagonistas, los señores a los que sirve, una democracia. "No hay potestad en la tierra comparable a la suya" (Santa Biblia, Libro de Job, 41,25). Por eso mismo la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información son derechos fundamentales de todo ciudadano, cubiertos por el mayor nivel de protección que nuestro ordenamiento jurídico puede conferir a un derecho individual. Y por eso, también, en tanto no se modifique nuestro texto constitucional en este particular, la propiedad intelectual es un derecho común: aunque importante, es un derecho más entre decenas, con el mismo nivel de protección que la Constitución otorga al derecho a la huelga, al de heredar o al de contraer matrimonio.

(Art photo: title page of "Leviathan" , T. Hobbes, 1st.ed., 1651. "Non est potestas super terram quae comparetur ei" - Holy Bible, Job, 41, 25).